Diego Risso, de URUPOV, visitó Canadá esta semana para ofrecer un ejemplo de cómo se pueden cambiar las políticas de semillas para beneficio de todos: agricultores, fitomejoradores y gobierno.
América Latina a veces pasa desapercibida en lo que respecta a la innovación agrícola, pero Uruguay ha establecido discretamente un referente para sistemas de semillas transparentes, eficaces y basados en la confianza mutua. En el centro de esta silenciosa transformación se encuentra Diego Risso, director ejecutivo de la Asociación de Semillas de las Américas (SAA) y de la Asociación Uruguaya de Fitomejoradores (URUPOV), cuyo trabajo está transformando el apoyo al fitomejoramiento en todo el hemisferio.
En su intervención en la conferencia anual de Seeds Canada esta semana en la ciudad de Quebec, Risso transmitió un mensaje claro: «Si sigues haciendo lo mismo, seguirás obteniendo los mismos resultados». El estancamiento en la adopción de semillas certificadas en Canadá —tan solo un 20% en trigo y un 8% en trigo duro— evidencia un sistema que, para muchos, necesita un cambio. “Vine aquí en 2010 para plantear estas cuestiones. Quince años después, muy poco ha cambiado”, dijo Risso.
Un modelo basado en el respeto al agricultor
Lo que distingue a Uruguay no es solo una política sólida, sino la cultura que la sustenta. Risso y su equipo en URUPOV ayudaron a construir un sistema donde la recaudación de regalías no es un castigo, sino parte de un modelo más amplio de distribución de valor. Los agricultores firman contratos en los que reconocen el uso de semillas conservadas en sus fincas y aceptan auditorías para garantizar el cumplimiento. Pero la coerción no es el objetivo.
“Los visitamos. Hablamos. Escuchamos”, explicó Risso. “Se trata de generar confianza, y con confianza, obtenemos resultados”.
Esos resultados son elocuentes: Uruguay tiene el 85% de su superficie de soja y el 97% de su superficie de trigo cubiertas por el sistema, un nivel de cumplimiento con el que muchos países solo pueden soñar. Y todo esto se basa en lo que Risso llama “un equilibrio entre confianza y verificación”, no en una aplicación estricta. Leyes con Valor
Uruguay no ha adoptado formalmente la convención UPOV 91 —el estándar internacional de oro para los derechos de obtentor—, pero ha implementado casi todos sus aspectos clave. “Lo llamamos UPOV 78++”, bromeó Risso. “Porque lo que importa no es la etiqueta, sino la práctica. Las buenas leyes son inútiles si no se aplican”.
Esta mentalidad se refleja en la práctica. Uruguay respalda la aplicación de la ley con laboratorios modernos, registros públicos de infractores e incluso incentivos fiscales para fomentar el uso de semillas certificadas. No es solo una política, es un ecosistema funcional.
Grandes Lecciones de un País Pequeño
Con tan solo 5.000 productores comerciales de granos y alrededor de 1,1 millones de hectáreas de soja, Uruguay puede ser pequeño. Pero su sistema de semillas ofrece valiosas perspectivas para países más grandes de América Latina y más allá. ¿La clave? Simplicidad, responsabilidad compartida y alineación público-privada.
Esto contrastaba con el enfoque fragmentado de Canadá, donde la recaudación de regalías sobre las semillas guardadas en las fincas se limita a un pequeño número de obtentores privados. “Los obtentores no invertirán sin obtener una rentabilidad”, afirmó. “Es solo economía básica”.
La credibilidad de Risso no se basa en la teoría. Creció en una finca de investigación, hijo de un coordinador nacional de mejoramiento. Con formación en economía agrícola y experiencia como extensionista, siempre se ha centrado en lograr que las cosas funcionen en el mundo real. Su principio es claro: “Los obtentores necesitan ver el valor, y los agricultores también. La innovación solo prospera cuando todos se benefician”.
Un mensaje para las Américas
Su discurso en Quebec no fue solo una crítica al sistema canadiense, sino también un llamado a la acción para América Latina. Desde Argentina hasta México, los países se enfrentan a desafíos similares en torno a la innovación, la aplicación de la ley y la participación de los agricultores. El enfoque de Uruguay demuestra que es posible respetar la autonomía de los agricultores y, al mismo tiempo, garantizar una inversión sostenible en el mejoramiento.
“La genética es ciencia. Y la ciencia es progreso”, dijo Risso. “Si queremos que la agricultura avance en las Américas, debemos dejar de disculparnos por la innovación y empezar a construir sistemas que la protejan y la recompensen”.
