La Secretaría contra la Corrupción y el Buen Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, convocó la reunión “Hacia una Política de Compras Públicas Sostenibles de Café para las Organizaciones del Sector Social (OSS)”. Durante la sesión, los funcionarios presentaron los resultados de la primera compra de este producto realizada en 2025 y describieron el plan de implementación para 2026.
En su intervención, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, enfatizó que la cooperación entre las agencias gubernamentales y los productores se alinea con la directiva del Presidente de México.
En referencia al café mexicano, destacó su profundo arraigo social y ambiental. “Tenemos alrededor de 500,000 productores; el 95% son campesinos, pequeños productores. El 75% pertenece a un pueblo indígena. ¡Qué importante es que estemos hablando de un producto de campesinos e indígenas!”, afirmó. Recordó que México concentra una proporción espectacular de la biodiversidad del planeta, el 70%, y que las plantaciones de café campesinas indígenas forman parte de esa biodiversidad. “Eso es el café mexicano: sociedad, campesinado, pueblos indígenas organizados y naturaleza”. Finalmente, explicó que ya existen miles de cafetales y plantaciones listas para vender directamente al Estado, pero que es necesario ir más allá del apoyo convencional, según un comunicado de prensa.
En cuanto a las compras públicas y el comercio justo, Berdegué Sacristán señaló que miles de caficultores ya están preparados para vender directamente al Estado. Sin embargo, enfatizó la necesidad de ir más allá de las formas tradicionales de apoyo.
“Tenemos 23,700 caficultores en las Escuelas del Campo […] y contamos con 5,500 de ellos, ya que pueden vender café mañana”, dijo.
Por su parte, el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, señaló que las compras públicas en el país ascienden a 700 mil millones de pesos y, como tal, buscan servir como palanca para el desarrollo y una herramienta para la inclusión y la justicia social. Explicó que la decisión de empezar con el café responde a una deuda de larga data que se tiene con ese sector.
Recordó que, al inicio de esta Administración, el objetivo era establecer un modelo que permitiera al Estado Mexicano adquirir café de cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas, así como de organizaciones de la economía social. Para ello, se reformó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, garantizando que estas entidades no compitan en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones. Las reformas también crearon oportunidades exclusivas de contratación con condiciones de adjudicación equitativas y disposiciones para pagos anticipados.
“Ya hemos demostrado que el modelo funciona, que sí funciona, que es posible hacerlo dentro de la ley y en los momentos oportunos. Y ahora, nuestro reto es escalarlo a toda la Administración Pública Federal”, afirmó.
Durante la reunión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó los avances del Convenio Marco para la Compra de Café a Organizaciones del Sector Social (OSS). Este convenio permitirá a todas las dependencias federales adquirir café a través de la Tienda Digital del Gobierno de México, siguiendo los criterios aprobados de sostenibilidad, trazabilidad y transparencia. El programa busca garantizar procesos de contratación eficientes, ampliar la participación de estas organizaciones y fortalecer el registro de proveedores sociales. Para 2026, se prevé la compra de 68 toneladas de café tostado y molido, con un valor estimado de 20 millones de pesos.
Anabel Téllez, representante de la organización Yankuik Senojtokalis, compartió su experiencia como proveedora del gobierno federal y resaltó su compromiso con el fomento de relaciones comerciales más equitativas y sostenibles.
Entre los asistentes se encontraban la senadora Susana Harp Iturribarría; Rocío Mejía Flores, titular de Financiera para el Bienestar (Finabien); Catalina Monreal Pérez, directora del Instituto Nacional de Economía Social (INAES); Francisco Luciano Concheiro Bórquez, titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM); y Jaime Arturo Larrazabal Escarraga, director de la Unidad de Control Administrativo y Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros representantes de instituciones federales. Estos esfuerzos demuestran el progreso de México hacia el establecimiento de un modelo nacional de Compra Pública de Café Sostenible, capaz de transformar la política pública en equidad, bienestar y prosperidad compartida para las comunidades productoras de café en todo el país.
